Carriola.Red.13.02.26
Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático visitó ayer Marín para informar sobre el intento “por la puerta de atrás” del Gobierno Central para reformar el reglamento de Costas y restringir usos en el Litoral
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer el ayuntamiento de Marín, donde alertó de que el Gobierno central está inmerso en un nuevo intento de reformar el reglamento general de Costas del Estado por la puerta de atrás con el fin de establecer un uso más restrictivo del litoral y de las actividades que pueden desarrollarse en él.
La responsable autonómica explicó que hace unos días el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en la página de transparencia, sin previo aviso ni consulta a las comunidades y sectores afectados, el inicio de la consulta pública previa para modificar el reglamento. Y lo hizo, además, por la vía de urgencia, lo que implica que las instituciones y entidades interesadas solo tienen 15 días, en lugar de un mes, para hacer sus aportaciones y consideraciones a un documento muy genérico, que no detalla qué es exactamente lo que pretende hacer el Gobierno central.
Vázquez rechazó el tercer intento del Ejecutivo central —tras los frustrados de 2018 y 2024— de modificar la normativa sin la más mínima transparencia, con total oscurantismo y sin realizar las correspondientes consultas tanto a las comunidades autónomas como a los sectores que desarrollan su actividad en la costa, como es el marítimo-pesquero en Galicia, vital para la comunidad.
La conselleira, que estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, subrayó que la obligación del Gobierno gallego es advertir al conjunto de la sociedad de esta cuestión pues los precedentes no son alentadores. En esta línea, recordó los intentos, sin base legal, de limitar la propiedad privada y la actividad económica e industrial en el litoral, acortar el tiempo de las concesiones (reduciendo los plazos de las prórrogas para que no pudiesen superar los 30 años) y adoptar medidas para eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa.
Reforma con transparencia
En este sentido, aseguró que Galicia está a favor de la modificación de la ley estatal de costas, para adaptarla a las necesidades actuales, pero haciéndolo de forma transparente, con la participación de todos los agentes implicados y buscando en todo momento un equilibrio entre los aspectos medioambientales y socioeconómicos.
La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático aseguró que, de confirmarse las sospechas, estaríamos ante una nueva deslealtad institucional y otro intento de obstaculizar toda la actividad económica y social que se desarrolla en el litoral. Algo, aseveró, que Galicia no se puede permitir pues en su costa viven 1,5 millones de personas —en 86 ayuntamientos— y muchas de ellas dependen de actividades vinculadas con ella.
Por eso, Ángeles Vázquez apeló a la cadena mar-industria, a los ayuntamientos y a las entidades afectadas a hacer un frente común en la presentación de alegaciones por parte de la Xunta, con el fin de salvaguardar las actividades que se desarrollan vinculadas con el mar. De hecho, las Consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático y de Mar mantendrán el próximo lunes un encuentro con representantes del sector del mar, de las cofradías de pescadores, de los municipios y de otras entidades para exponerles la situación y buscar su apoyo.
Defensa de los intereses
La conselleira incidió además en que Galicia cuenta ahora con herramientas para la defensa de sus intereses en este ámbito que antes no tenía, como la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga) y la asunción plena de las competencias en la materia, lo que contribuirá a hacer frente a posibles ataques contra la comunidad.
En esta línea, destacó que desde el pasado 1 de julio —fecha de inicio del ejercicio pleno de las competencias sobre la costa— la Xunta avanzó mucho y ya concedió, entre los nuevos expedientes de dominio público marítimo-terrestre y los de servidumbre de protección, un total de 920 autorizaciones, declaraciones responsables, concesiones e informes. Un ritmo, aseveró, que demuestra que Galicia sabe asumir competencias con eficacia y aportando seguridad jurídica a los administrados.
Acceso a la playa de Mogor
Precisamente, una de estas autorizaciones es la solicitada por el Concello de Marín para reformar el acceso peatonal a la playa de Mogor. El fin último de la actuación en la zona, que visitó la responsable autonómica, es crear un itinerario accesible desde la senda peatonal previa resolviendo el desnivel existente con la creación de una rampa y modificando la escalera que hay en el lugar para integrarla en el itinerario accesible.
La conselleira destacó la importancia de que gestione el litoral quien mejor lo conoce y entiende todas las implicaciones que las distintas actuaciones pueden tener. En este sentido, puso en valor el ri
Ángeles Vázquez advierte de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició hace unos días una consulta pública previa vía web para modificar la norma sin previo aviso ni consulta a las comunidades autónomas y sectores afectados, el mismo modo de proceder que en los intentos frustrados de 2018 y 2024.
La conselleira rechaza que además lo haga por la vía de urgencia —lo que reduce a solo 15 días el plazo para hacer aportaciones— y con un documento muy genérico que no detalla qué es exactamente lo que se pretende hacer.
El Ejecutivo gallego censura la insistencia del Ministerio, que lo único que pretende es limitar la propiedad privada y la actividad económica en el litoral, acortar la duración de las concesiones y eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa.
La responsable autonómica apela a la cadena mar-industria, a los ayuntamientos costeros y al resto de entidades implicadas a hacer un frente común en la presentación de alegaciones para salvaguardar los intereses del conjunto de la comunidad.
El Gobierno autonómico pone en valor su eficacia en la gestión plena del litoral, que ha permitido desde el pasado 1 de julio aprobar 920 autorizaciones, declaraciones responsables, concesiones e informes en la franja costera gallega.
