Carriola. 14.11.26.
julio@carriola.es.
LOS QUE NOS PROTEGEN CUANDO HACE FALTA
José Iglesias
La semana pasada dedicaba estas reflexiones a nuestros profesionales sanitarios, a esas personas que, desde el anonimato de una bata blanca, nos cuidan cuando más vulnerables somos. Hoy quisiera continuar por un camino parecido, aunque cambiando las batas por los uniformes. Quiero hablar de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de esos hombres y mujeres a los que tantas veces vemos como parte del paisaje cotidiano, hasta que un día las cosas se complican y descubrimos que son ellos quienes deben ponerse delante de aquello de lo que los demás procuramos alejarnos. Y quiero hacerlo después de contemplar algunas de las imágenes que nos dejó la jornada de huelga de ayer, imágenes que me han provocado una indignación que, os lo confieso, me está costando bastante contener.
Vaya por delante algo que considero imprescindible. Manifestarse, protestar, reivindicar mejores condiciones de vida o expresar el desacuerdo con quienes nos gobiernan son derechos fundamentales que debemos defender sin reservas. Y también debemos aceptar que las actuaciones policiales pueden ser objeto de crítica, investigación y, cuando corresponda, sanción. La perfección no existe, tampoco entre quienes llevan uniforme. Habrá errores, excesos y comportamientos injustificables, como sucede en cualquier profesión. Para eso existen leyes, controles, procedimientos disciplinarios y tribunales. Y cuando un agente incumpla sus obligaciones, que responda por ello. Sin excusas ni privilegios. Precisamente porque la autoridad merece respeto, su ejercicio debe estar sometido a unas exigencias especialmente rigurosas.
Pero una cosa es manifestarse y otra muy distinta aprovechar una manifestación para destrozar cuanto se encuentra al paso. Una cosa es reclamar derechos y otra romper escaparates, incendiar contenedores, agredir a los agentes o intentar saquear negocios de personas que quizá llevan toda una vida trabajando para levantarlos. ¿Qué culpa tiene el pequeño comerciante de los problemas que alguien pretende denunciar? ¿Qué reivindicación se fortalece dejando a un trabajador sin empleo o a una familia con su negocio arruinado? Ninguna. Absolutamente ninguna. Y convendría dejar de buscar justificaciones para comportamientos que no tienen nada que ver con la protesta legítima. Quien sale pacíficamente a defender sus derechos merece respeto y protección. Quien sale a ejercer la violencia debe responder por sus actos.
Y en medio de todo eso están los policías. Personas de carne y hueso, con familias, hijos, padres, preocupaciones y una vida que continúa cuando termina su servicio. Personas a las que pedimos que mantengan el orden, protejan a los ciudadanos, impidan los destrozos y, al mismo tiempo, actúen con serenidad, proporcionalidad y un dominio de sí mismas que muchos de nosotros difícilmente conservaríamos si nos encontrásemos en su situación. Les exigimos que intervengan cuando la violencia aparece, pero también que midan cada gesto, cada decisión y cada medio empleado. Y está bien que así sea. Lo que no podemos hacer es exigirles resultados sin proporcionarles la formación, los recursos, los protocolos y el respaldo institucional necesarios para conseguirlos. Porque la autoridad no se sostiene únicamente sobre una placa o un uniforme. Necesita medios adecuados, normas claras y la confianza de una sociedad que comprenda para qué existe.
No pretendo entrar en una discusión técnica sobre pelotas de goma, dispositivos eléctricos, cañones de agua o cualquier otro instrumento de intervención. Cada medio tiene riesgos, limitaciones y condiciones de utilización que deben valorarse seriamente. Pero sí quiero plantear una pregunta que me parece elemental: ¿están nuestros agentes suficientemente preparados y equipados para afrontar situaciones de violencia colectiva sin poner innecesariamente en peligro su propia integridad ni la de los ciudadanos? Si la respuesta es negativa, quienes tienen la responsabilidad de dotarlos de esos medios deberían explicar por qué y corregirlo. Porque no se trata de reclamar una policía más dura, sino una policía capaz de actuar eficazmente, con seguridad y dentro de la ley. Una policía que pueda protegernos sin quedar desprotegida.
Y si hablamos de medios y de riesgos, no puedo dejar de recordar lo sucedido en Barbate, donde dos guardias civiles perdieron la vida cuando una potente narcolancha embistió y pasó por encima de la pequeña embarcación en la que prestaban servicio. Dos vidas, dos familias destrozadas y unas imágenes que deberían habernos obligado a reflexionar seriamente sobre las condiciones en las que nuestros agentes se enfrentan a organizaciones criminales que manejan cantidades enormes de dinero y disponen de medios extraordinarios. ¿Cómo podemos exigirles que combatan eficazmente a quienes actúan con semejante violencia si no garantizamos que cuenten con embarcaciones, equipos y recursos adecuados? Y, mientras tanto, la cocaína continúa llegando a Europa en cantidades que mantienen en alerta a las autoridades. Su creciente disponibilidad debería preocuparnos tanto como la violencia que acompaña a ese negocio. Porque el narcotráfico no es solamente un problema de drogas: es también un problema de seguridad, de delincuencia organizada y de personas que arriesgan la vida intentando impedir que esas organizaciones actúen con impunidad. No se trata de pedir privilegios para la Guardia Civil, sino de exigir que quienes tienen la obligación de protegernos dispongan, a su vez, de la protección necesaria.
Hace apenas unos días, en Oviedo, un agente de la Policía Nacional perdió la vida como consecuencia de una explosión mientras intervenía en una situación de peligro. Otro compañero resultó gravemente herido. Detrás de esas noticias, que durante unas horas ocupan titulares y conversaciones, quedan familias destrozadas, compañeros conmocionados y una ausencia que ninguna condecoración podrá reparar. No me gusta escuchar que esas cosas forman parte del trabajo, como si el riesgo asumido disminuyera la dimensión de la tragedia. Precisamente porque forman parte de una profesión expuesta al peligro, deberíamos esforzarnos todavía más en proteger a quienes la ejercen. Y reconocer, con todas sus consecuencias, los riesgos que afrontan. Que alguien acepte voluntariamente una profesión peligrosa no significa que su vida valga menos ni que debamos acostumbrarnos a perderla.
A veces tengo la impresión de que hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para exigir a determinados profesionales y una preocupante facilidad para olvidar nuestras propias obligaciones. Queremos que el sanitario nos atienda inmediatamente, aunque lleve horas sin descansar. Queremos que el policía aparezca cuando sentimos miedo, pero hay quien cuestiona su presencia en cuanto desaparece el peligro. Queremos seguridad, convivencia, libertad y derechos, pero olvidamos que nada de eso se mantiene por generación espontánea. Hay personas que trabajan cada día para hacerlo posible. Y hay otras, con responsabilidades de dirección, cuya obligación es procurar que puedan desempeñar ese trabajo en las mejores condiciones. No basta con felicitar a los agentes cuando realizan una intervención brillante o acudir a rendirles homenaje cuando sucede una desgracia. El verdadero reconocimiento comienza mucho antes, cuando se toman las decisiones que afectan a su seguridad y a su capacidad de actuación.
No estoy pidiendo obediencia ciega ni que nadie quede por encima de la ley. Todo lo contrario. Una sociedad democrática necesita fuerzas de seguridad profesionales, sometidas al control de las instituciones y respetuosas con los derechos de todos. Pero también necesita ciudadanos que comprendan que la libertad de uno termina donde comienza la seguridad y la libertad de los demás. Y necesita responsables públicos capaces de defender ambas cosas sin convertirlas en banderas enfrentadas. La autoridad y los derechos ciudadanos no son enemigos. Bien entendidos, se necesitan mutuamente. Sin derechos, la autoridad puede convertirse en abuso. Sin una autoridad legítima y eficaz, los derechos pueden quedarse en palabras que nadie garantiza.
Por eso hoy quiero dar las gracias. A los policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y locales. A quienes patrullan nuestras calles, acuden a una llamada de auxilio, intervienen en una pelea, protegen una manifestación pacífica o se enfrentan a quienes pretenden convertirla en una batalla. A quienes combaten el narcotráfico en nuestras costas, a quienes regresan a casa después de una jornada difícil y a quienes, desgraciadamente, no regresan. Gracias por estar ahí, por vuestro servicio y por asumir riesgos que el resto de nosotros esperamos no tener que afrontar nunca. Y a quienes tienen la responsabilidad de dirigirlos, una petición sencilla: escúchenlos, fórmenlos, dótenlos de los medios necesarios y no olviden que detrás de cada uniforme hay una persona cuya seguridad también es responsabilidad de ustedes.
Quizá algunos consideren exageradas estas palabras. Pero después de contemplar determinadas imágenes, de recordar a los dos guardias civiles de Barbate, de conocer la muerte de un agente en Oviedo y las graves heridas de otro, y de pensar en tantas personas que se ponen cada día al servicio de los demás, se me hace muy difícil contenerme y expresarme, como siempre procuro, sin faltar a nadie al respeto. Para eso ya están otros.
Buena semana.
